Escándalo por filtraciones en el caso YPF sacude la Procuración del Tesoro con despidos y reestructuración

El gobierno argentino enfrenta un capítulo de tensión en la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), el organismo encargado de defender los intereses del Estado en litigios clave, como el juicio por la expropiación de YPF en tribunales estadounidenses. La Casa Rosada, alertada por filtraciones de información sensible, ordenó una reestructuración masiva que incluyó el despido de más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas.

Aunque el gobierno no confirmó públicamente la venta de información, fuentes oficiales expresaron preocupación por datos estratégicos revelados sin autorización, lo que podría haber beneficiado a los demandantes en el caso YPF, liderado por el fondo Burford Capital. “El Procurador (Santiago) Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares”, afirmó una fuente gubernamental al portal Infobae, destacando la gravedad de las filtraciones en un organismo que gestiona litigios de alto impacto económico.

En las últimas semanas, la PTN detectó que información sobre la estrategia judicial en el caso YPF se filtró sin el aval de sus autoridades, generando alarma en un organismo que históricamente ha mantenido estrictos protocolos de confidencialidad. Aunque no se detalló la naturaleza de los datos comprometidos, se sospecha que pudieron haber favorecido a los demandantes, afectando la posición de Argentina en el litigio. Para evitar mayores controversias, el gobierno optó por el hermetismo, sin confirmar públicamente la venta de información.

La PTN, encabezada Castro Videla desde febrero de 2025 tras la salida de Rodolfo Barra, emitió un comunicado oficial que evita mencionar las filtraciones y justifica los cambios como parte de un esfuerzo por optimizar recursos. “La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, señaló el organismo.

La reestructuración incluye la eliminación de “lujos jerárquicos” y la reducción de las Direcciones Nacionales de seis a cuatro, junto con la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. “Esto último, para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración”, explicó la PTN.

Desde el organismo, se destacó que los cambios buscan “fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”. Además, se informó que la PTN ya redujo su personal en más de un 20% desde el inicio de la gestión actual, reasignando funciones previamente tercerizadas para lograr una “gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos”.

Organismo clave en discusión

Entre los cambios operativos, la PTN destacó la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas”. También se redujeron gastos en comitivas y viajes oficiales, alineándose con los principios de austeridad impulsados por la gestión de Javier Milei.

El caso YPF, que enfrenta a Argentina con Burford Capital por la expropiación de la petrolera, sigue siendo un desafío clave para la PTN, que trabaja en la apelación de un fallo adverso de la jueza Loretta Preska, respaldada por el apoyo de Estados Unidos como amicus curiae. En este contexto, la purga interna y la reestructuración buscan fortalecer la defensa del Estado, aunque las sospechas de filtraciones generaron un clima de desconfianza que pone en jaque la credibilidad del organismo.